España presenta un consumo muy elevado de benzodiacepinas, incrementado tras la pandemia por el uso de estos fármacos para tratar el insomnio en lugar de recurrir a intervenciones psicológicas. El estudio de Roncero et al. (2025) muestra riesgos importantes por su uso prolongado y señala a tres grupos vulnerables: adolescentes (uso no médico), personas mayores (uso crónico y deterioro cognitivo) y pacientes con trastornos mentales o adicciones. La des-prescripción es compleja por la dependencia y el temor a la retirada. Se propone una reducción gradual combinada con terapia psicológica, nuevas alternativas farmacológicas y políticas que limiten el uso prolongado.